Greenpeace y otras organizaciones lideran una resistencia social ante una medida que redefine la protección ambiental sobre el recurso más valioso del mundo: el agua.
Hay territorios que no se ven, pero sostienen la vida. En Argentina, muchos de ellos están hechos de hielo.
A lo largo de la cordillera de los Andes, en el territorio argentino, casi 17 mil glaciares resguardan una de las reservas de agua dulce más importantes del continente. No son solo paisajes imponentes ni postales turísticas: son sistemas vivos que regulan el caudal de ríos y lagos, especialmente en regiones donde la sequía no es una amenaza futura, sino una condición presente. Funcionan como “tanques naturales”, acumulando agua en invierno y liberándola lentamente en los meses de mayor calor.
Desde allí, desde ese hielo que parece eterno, se alimentan 36 cuencas hídricas que cubren más de un millón de kilómetros cuadrados. El alcance es inmenso: flora, fauna y más de siete millones de personas dependen directamente de ese deshielo para vivir. Y aunque no todos lo vean ni lo sientan en la llave de su casa, incluso quienes están lejos de esas cuencas consumen alimentos cultivados con esa misma agua. Lo que ocurre en los glaciares, en realidad, atraviesa a todo el país.
Quizás por eso, o por una intuición colectiva que entendió antes de tiempo lo que estaba en juego, en 2010 Argentina sancionó la Ley de Glaciares. No fue una decisión aislada ni técnica: fue el resultado de una lucha social, de una construcción colectiva que buscó proteger no solo los glaciares y el ambiente periglacial, sino algo mucho más esencial: el agua.
Fue una ley pionera en el mundo. Una norma que, incluso sin saberlo del todo, se adelantó a la crisis climática que hoy ya no es una advertencia, sino una realidad. Hace 15 años, cuando se aprobó, se pensaba que los eventos extremos eran un problema lejano. No lo eran. La ley, en ese sentido, fue de vanguardia: protegió un recurso vital en un contexto global donde el agua ya comenzaba a escasear y a ser una preocupación urgente para el futuro.
Hasta entonces, el principio era claro: los glaciares —sin importar su tipo— eran reservas estratégicas de agua dulce y debían ser protegidos. Durante los meses de mayor calor, liberaban agua a través del deshielo y alimentaban ríos y lagos a lo largo del país. En ese ciclo silencioso se sostenía la vida de millones. Por eso, la ley prohibía de manera categórica cualquier actividad que pudiera dañarlos, incluida la minería. Porque un glaciar que se pierde es agua que no se recupera.
Quince años después, ese principio comenzó a resquebrajarse. A finales de 2025, el gobierno de Javier Milei presentó ante el Congreso una reforma a esa ley. El argumento fue conocido: la normativa “impide el desarrollo” y actúa como un freno para la inversión extranjera. La respuesta científica, sin embargo, apuntaba en otra dirección. No se trata de prohibir la minería en general, sino de evitar que se realice en glaciares y ambientes periglaciares, donde el riesgo es irreversible.
Debajo de esos cuerpos de hielo hay minerales, sí. Pero no son los únicos lugares donde existen. El problema no es la actividad en sí, sino el lugar donde se pretende llevar a cabo: sobre reservorios de agua fundamentales para el país y la región.
Aun así, la reforma avanzó. Con 137 votos a favor y 111 en contra, el Congreso aprobó una modificación impulsada por el oficialismo que cambia el alcance de la protección ambiental y habilita inversiones mineras en zonas antes resguardadas. El rechazo no tardó en llegar: oposición política, ciudadanía y organizaciones ambientales advirtieron sobre las consecuencias.
Hasta el pasado 9 de abril, la ley establecía presupuestos mínimos de protección: todas las provincias debían cuidar por igual los glaciares y el ambiente periglacial. Podían ampliar esa protección, pero nunca reducirla. Era un piso común, alineado con normativas como el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente.
Ahora, ese criterio se fragmenta. Cada provincia podrá decidir qué proteger y qué no. Podrá determinar qué zonas se habilitan para la explotación minera o industrial. Y ahí aparece otro problema: el agua no entiende de fronteras administrativas. Un glaciar ubicado en Mendoza puede alimentar cuencas que atraviesan otras provincias. Sin embargo, la decisión quedará en manos de un solo gobierno local.
La promesa oficial es devolver el federalismo. El riesgo, según advierten distintos sectores, es abrir una disputa territorial por el recurso más básico: el agua.
La reforma también modifica el criterio de protección. Ya no alcanza con que un glaciar exista: ahora deberá demostrarse su “relevancia hídrica efectiva”. Es decir, será necesario probar su aporte concreto de agua. Pero en un país mayoritariamente árido y semiárido, donde la crisis hídrica es una realidad creciente, todos los glaciares son relevantes por definición. Son reservas de agua en un mundo que la pierde.
En medio de este escenario, la sociedad reaccionó. Más de 100 mil personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas. Era un hecho histórico. Sin embargo, solo 213 pudieron hablar. El 99% quedó afuera. Lo que debía ser un espacio democrático se transformó, para muchos, en un trámite vacío. La conclusión fue contundente: no hay licencia social para esta reforma.
Frente a esa falta de respaldo estatal, organizaciones como Greenpeace, la FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y la AAAA (Asociación Argentina de Abogados y Ambientalistas) impulsan una demanda colectiva. Buscan llevar el reclamo a la justicia y devolverle voz a quienes no fueron escuchados. Al momento de esta publicación, la iniciativa ya reúne más de 800 mil firmas. Un número que no solo habla de adhesión, sino de urgencia.
La denuncia es directa: la reforma es inconstitucional, ilegal y técnicamente incorrecta. Y, sobre todo, pone en riesgo el agua de todos los argentinos.
Mientras tanto, el gobierno sostiene su postura: la ley anterior limitaba el desarrollo y frenaba inversiones. Inversiones que, en gran parte, provienen de empresas mineras internacionales interesadas en litio, cobre y oro. Se estima que los proyectos en zonas de alta montaña podrían representar ingresos por unos 30.000 millones de dólares como mínimo.
Pero el costo no se mide solo en divisas. Al delegar la decisión a las provincias —muchas de las cuales ya manifestaron su interés en expandir la minería, como Mendoza, Catamarca, San Juan, Salta y Jujuy—, los gobiernos locales pasan a ser juez y parte. Son quienes deciden qué proteger y, al mismo tiempo, quienes buscan explotar esos territorios.
Con las modificaciones que se hicieron a ley, que no son menores, si un glaciar no es considerado “hídricamente relevante”, podrá ser intervenido. Pero lo grave es que esa evaluación quedará en manos de quienes tienen intereses económicos en juego, por lo que su objetividad carece de sentido.
Las consecuencias, advierten especialistas y organizaciones, no se limitarán a un territorio. Afectarán a todo el país y, en el largo plazo, a la región. En un contexto donde el agua ya es un bien escaso, su pérdida podría alterar la producción de alimentos, las economías locales y la estabilidad social. Porque sin agua no hay nada. Ni agricultura, ni industria, ni vida.
Y más allá de Argentina, la cordillera de los Andes cumple un rol esencial en la provisión de agua para toda Latinoamérica. Los glaciares no solo abastecen, también regulan el clima, enfrían el planeta y amortiguan los efectos de una crisis que ya está en curso. Destruirlos es acelerar ese proceso y poner en riesgo un recurso que no solo es indispensable para nuestra propia subsistencia, si no que no tiene reemplazo alguno.
Por eso, desde Greenpeace el mensaje es claro: defender los glaciares es proteger el agua. Y proteger el agua es proteger la vida. No es una consigna. Es una condición. Porque el agua no es un recurso más. Es el punto de partida de todo. Y en un mundo donde empieza a faltar, entenderlo ya no es una opción, es una urgencia y debería ser nuestro mayor compromiso, pues todos deberíamos entender —si es que todavía no está claro —que no hay vida posible sin agua, y por eso el agua se protege, no se negocia ni en Argentina, ni en cualquier otro lugar del mundo.
Súmate a la demanda colectiva para frenar la reforma aquí: https://landing.infogreenpeace.org/accion-colectiva-por-lo-glaciares
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María Oria Perea Millán
Excelente el trabajo y la preocupación de proteger los glaciares que son vitales para la conservación del agua que es vida
CARLOS ALBERTO ECHEVERRI CORRALES
Maravilloso artículo que nos permite conocer la riqueza HIDRICA en territorio argentino , concretamente los miles de glaciares, que en el verano se convierten en AGUA que riega muchos de sus territorios que necesitan de ese vital elemento.. Increíble que logrando una LEY DE GLACIARES , actualmente se pretenda permitir una explotación de minerales con la reforma de esa ley protectora … Me quedo con el mensaje de Greenpeace que defender los glaciares es defender el agua, y defender el agua es defender la vida. Ojalá que se protejan debidamente esos necesarios GLACIARES ARGENTINOS..